III SIMPOSIO SOBRE ÉTICA

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III SIMPOSIO SOBRE ÉTICA, POLÍTICA Y ECONOMÍA

DOCUMENTO CONCLUSIVO

INTRODUCCIÓN

Convocados por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Acción Episcopal Alemana Adveniat y el Consejo Episcopal Latinoamericano-CELAM, obispos, sacerdotes, laicas y laicos de Alemania, España y de diversos países de América Latina, nos hemos reunido, del 13 al 17 de Septiembre de 2004, en la Casa Bethania en Quito, Ecuador, con el fin de estudiar y buscar soluciones a algunos de los problemas más urgentes que vivimos en los Países Bolivarianos en los campos de la economía y la política, iluminados por los principios éticos del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia.

El actual simposio forma parte de un proceso de reflexión iniciado en 1999 en Alemania cuando se estudió el tema “Economía de Mercado y justicia social para América Latina”; y se continuó con el encuentro sobre “Justicia Social, Estado de derecho y Democracia: un desafío para América Latina” realizado en México en 2001.

En esta ocasión hemos querido examinar las situaciones económicas y políticas actuales, a fin de presentar elementos de reflexión, especialmente a los cristianos comprometidos en la transformación de la sociedad, en vísperas de la firma de los Tratados de Libre Comercio.

SITUACIÓN ACTUAL

Hablamos desde los países bolivarianos en América Latina, región multiétnica y pluricultural, a principios de un nuevo milenio, en tiempos de globalización. El incremento de la movilidad humana, el vertiginoso progreso en el mundo de las comunicaciones, el aumento del comercio internacional y los acelerados avances tecnológicos han fortalecido este fenómeno de la globalización que tiene hondas repercusiones en nuestra región. “Se trata de un proceso que se impone debido a la mayor comunicación entre las diversas partes del mundo, llevando prácticamente a la superación de las distancias, con efectos evidentes en campos muy diversos”[1].

A pesar de algunos progresos innegables, constatamos con preocupación que las tasas de pobreza e indigencia han aumentado en América Latina y el Caribe en los últimos años, de tal manera que, de acuerdo con las estadísticas de organismos internacionales, la población pobre alcanza la suma de 226 millones, de los cuales 102 millones son pobres extremos; y de éstos 54 millones sufren de desnutrición, afectando especialmente a los niños y niñas menores de 5 años. A esto se agrega que nuestra región es la más inequitativa del mundo.

Esta situación de inequidad y de “empobrecimiento creciente” se agrava con el aumento del desempleo, el pago de la deuda externa, la desintegración familiar, la explotación infantil, la exclusión social y las migraciones, lo mismo que por la inestabilidad política, la falta de capacidad y voluntad de los gobiernos por aplicar políticas sociales y por los Tratados de Libre Comercio que se están negociando a espaldas del pueblo y en condiciones desfavorables para nuestros países[2].

El desempleo y la economía de subsistencia o informal no permiten la formación integral y la realización de la persona, de la familia y la sociedad a través del trabajo, trayendo como consecuencia el deterioro en las relaciones familiares y sociales y la pérdida de condiciones materiales y espirituales que permitan una vida digna. Aunque se han dado avances significativos en la educación universitaria y en la capacitación de la mujer para el mundo del trabajo, sin embargo, los efectos de la pobreza se hacen sentir de manera particular en las mujeres de zonas rurales y urbanas, especialmente en las madres que son jefes de familia, muchas de ellas sometidas a discriminaciones en el mercado laboral y a una doble jornada de trabajo.

En lo referente a la deuda externa, constatamos que se sigue pagando a costa del pan, de la salud y de la educación de nuestros conciudadanos y que sigue agobiando a los países de nuestra región, especialmente a sus sectores más marginados; y, sin embargo, no se observa una clara voluntad política que se refleje en propuestas concretas de los organismos financieros ni de nuestros propios gobiernos, y mucho menos de los gobiernos de países acreedores por resolver este problema.

Las transformaciones globales de la economía mundial están modificando profundamente los parámetros del desarrollo social en todos los países. Se han globalizado, por ejemplo, ciertas amenazas al bienestar del ser humano, como los riesgos ambientales: recalentamiento del planeta, aumento en el agujero de ozono, agotamiento de las reservas energéticas... En las últimas dos décadas se han arrasado millones de hectáreas de bosques tropicales en América Latina y el Caribe, entre otras razones, para satisfacer la demanda de madera y de papel de los países industrializados. En este campo, el Norte es el mayor contaminador, siendo el Sur el que conserva las reservas que mantienen con vida al planeta. Dice el Informe sobre Desarrollo Humano (1998) que “un niño nacido en el mundo industrializado agrega más al consumo y a la contaminación a lo largo de su vida que entre 30 y 50 niños nacidos en países de desarrollo”.

Se ha ido incrementando una mentalidad consumista, animada por la acción de los medios de comunicación, que es, en definitiva, la que sostiene la economía de mercado, cuyo propósito no es simplemente producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas, sino, sobre todo, producir necesidades artificiales y mercancías superfluas para satisfacerlas.

En el aspecto político, en los últimos años se han implantado en la región sistemas democráticos de gobierno, se han fortalecido las libertades fundamentales y ha crecido el movimiento de promoción y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, se observa frecuentemente un debilitamiento de la vocación de servicio de los partidos políticos, que buscan más su interés que el del pueblo, al que dicen servir. La corrupción y los intereses partidistas han llevado a una pérdida de liderazgo y a un deterioro progresivo de la confianza de los pueblos en sus instituciones políticas, de tal manera que estamos viviendo formas de democracia y espacios de libertad, que de ninguna manera son la democracia que queremos ni la libertad a la que aspiramos.

De otra parte, las comunidades locales y los movimientos sociales, apoyados en los avances tecnológicos y en los progresos que se han dado en el mundo de las comunicaciones, están luchando por su cultura, por su identidad y por sus intereses e, incluso han elaborado estrategias para oponerse a las consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales de estos fenómenos globalizadores.

ETICA, POLÍTICA Y ECONOMÍA: HACIA UN DESARROLLO INTEGRAL

Nuestro Simposio ha tenido tres ejes: Ética, Política y Economía. Se trata de tres disciplinas que tienen una racionalidad propia en la consecución de sus fines, pero que tienen su punto de encuentro en la persona humana, entendida tanto individual como comunitariamente. La economía busca satisfacer las necesidades básicas del ser humano; la política se preocupa por promover la organización de los pueblos, integrando a los excluidos y favoreciendo especialmente a los más pobres. La ética, por su parte, tiene la misión de iluminar a la economía y a la política para que sus acciones tengan como centro a la persona humana.

Cada mujer y cada hombre somos imagen de Dios y debemos reconocernos como tales. Esta imagen divina es el fundamento de nuestra inalienable dignidad humana, así como de nuestros derechos y deberes. Reconocer nuestro derecho a la vida implica la defensa de nuestras necesidades básicas, la posibilidad de tener acceso a una vida digna, a una igualdad de oportunidades y al respeto a las diferencias. Toda discriminación y exclusión va en contra de la vida y la dignidad humana. Esto fortalece la autoestima de las personas y de los pueblos y favorece el desarrollo humano integral que no debe entenderse como un simple crecimiento económico.

El crecimiento y el desarrollo, vistos integralmente, no deben ser procesos excluyentes, sino complementarios, con una única finalidad: favorecer a todas las personas, sin discriminación, consultando la justicia social, la equidad y la igualdad de oportunidades. El desarrollo no puede separarse de la indispensable consolidación democrática y de la integración latinoamericana entendida como un proceso de liberación y recuperación de nuestra identidad cultural hasta llegar a conformar una comunidad de naciones.

En esa base ética común entra a jugar un papel muy importante la solidaridad, pero no cualquier tipo de solidaridad, sino una solidaridad abierta al cambio, a la promoción de la autoestima, del desarrollo autogestionario y de la equidad. En este contexto, es importante destacar el llamado del Papa Juan Pablo II a una globalización de la solidaridad, donde los seres humanos están encima de la economía y la economía al servicio de las personas y de los pueblos.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

La brújula de nuestro quehacer es la solidaridad entendida como “la determinación firme y perseverante de empeñarse en el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos”[3].

El fundamento es una base ética común, moralmente vinculante que se constituya en un “dique contra todo atentado a la vida; contra las guerras de expansión y el uso de armas como instrumentos de destrucción; contra la corrupción que corroe amplios estratos de la sociedad, a veces con dimensiones transnacionales”[4].

Los protagonistas en estos procesos son los laicos, a quienes, en coherencia con la “Christifideles laici”, se debe abrir un amplio espacio a la acción y compromiso temporales, a fin de que, suficientemente preparados en los distintos campos de la actividad humana, puedan asumir responsabilidades directivas en la sociedad, especialmente en la vida pública, incidiendo en el cambio de actitudes y prácticas políticas, económicas y sociales, con el claro propósito de construir comunidades más justas, participativas y fraternas.

La exigencia prioritaria, además de la transformación de las estructuras, es el cambio de mentalidad y de actitud. Es necesario promover, tanto en los responsables a nivel político y económico como en las comunidades, un serio cambio de mentalidad y de actitudes que podría formularse así:

Del temor a lo diverso pasar a la aceptación del otro y al respeto por la pluralidad, teniendo en cuenta que “la unidad sin diversidad es tiranía y la diversidad sin unidad es anarquía”.

Del afán por encontrar el apoyo de las mayorías pasar al trabajo serio y sistemático de minorías creativas, orientadas por el bien común.

Del conformismo individual y colectivo pasar al coraje de asumir posiciones definidas, aún cuando estén en contravía de las políticas dominantes si éstas atentan contra el bien del pueblo.

Del individualismo económico, centrado en el lucro, pasar a la construcción de comunidades participativas y fraternas, que valoren la gratuidad, sin transigir con la ideología neoliberal.

Del pesimismo e indiferencia frente al futuro de la sociedad pasar al optimismo esperanzador de las micro-utopías, desarrollando pequeños cambios dentro del sistema, sin perder de vista la perspectiva global.

Del miedo a la globalización vigente pasar al liderazgo en la creación de redes de experiencias comunitarias autogestionarias que vaya fortaleciendo la “globalización desde abajo”.

Las condiciones necesarias, al interior de los países pobres, para que puedan aprovechar las oportunidades que les ofrece la globalización son, entre otras, las siguientes: una seria responsabilidad social y política de los líderes en la gestión de un buen gobierno; una política económica realista, coherente y orientada hacia la erradicación de la pobreza; un permanente combate a la corrupción; la formación política de los ciudadanos desde la familia y las diversas instancias de vida comunitaria; la descentralización de la administración pública, fortaleciendo los gobiernos locales; la capacitación de los trabajadores en economía solidaria, en técnicas de comunicación y en autogestión, a fin de que realicen sus propios proyectos de desarrollo; la preparación de los jóvenes para el mundo del trabajo; la formación ética de empresarios y trabajadores; y la creación de redes solidarias.

Las acciones concretas en algunos campos específicos son las siguientes:

Papel profético y facilitador de la Iglesia. Sin sustituir el rol que les compete a las organizaciones políticas, económicas, sociales, populares y culturales, la Iglesia, siguiendo las orientaciones del Concilio Vaticano II y de las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano, en unión con las iglesias cristianas y con otras denominaciones religiosas, debe propiciar este tipo de foros académicos e impulsar, con talante profético y pastoral, propuestas profundamente impregnadas de valores éticos, como respuesta a las necesidades y aspiraciones de las comunidades, en el marco de modelos alternativos de desarrollo humano integral.
Trabajo. Teniendo en cuenta que “el trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial, de toda la cuestión social”[5], una exigencia fundamental es recuperar y consolidar la centralidad de la persona y del trabajo, como condición esencial para generar un modelo alternativo de desarrollo humano integral, que facilite un cambio sustantivo en las condiciones de vida y de trabajo.
Deuda externa. Retomar las acciones ciudadanas que se iniciaron en el Jubileo del año 2000, conformado por grupos y organizaciones de diversos signos, con el ánimo de buscar la cancelación total e inmediata de la deuda externa, o al menos una significativa reducción de la misma. Esta iniciativa estaría acompañada, por una parte, de acciones sociales tendientes a canalizar los recursos liberados hacia programas de lucha contra la pobreza, asegurando una seria veeduría por parte de la sociedad civil y de organizaciones supranacionales; y, por otra, de acciones legales contra aquellos que contrajeron estas deudas de manera inconsulta y utilizando mecanismos que favorecieron la corrupción. En este campo, es importante apoyar el programa del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, “Hacia una economía más humana, solidaria y cooperativa”, uno de cuyos ejes es el de la deuda externa.
Tratados de Libre Comercio-TLC. Promover un amplio proceso de participación de la ciudadanía, especialmente de entidades y organismos especializados en torno a los tratados de libre comercio, a fin de mantener un permanente diálogo con las comisiones o mesas negociadoras, para plantear los aspectos positivos y descartar los negativos, antes de ser sometidos a los respectivos Congresos para su posible ratificación[6]. Sugerimos a las Conferencias Episcopales y a las Iglesias hermanas de los países que todavía no han firmado el tratado de libre comercio que soliciten a sus respectivos gobiernos que negocien en bloque dicho tratado. En el caso de Ecuador, la delegación de este país en el Simposio plantea la necesidad de promover a todos los niveles una gran campaña de información, donde la Iglesia puede prestar un servicio de concientización de la población, de tal manera que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de determinar lo que mejor convenga a su país y su futuro.
Satisfacción de las necesidades básicas. Satisfacer las necesidades básicas de la población promoviendo un consumo que, basado en la austeridad, tenga, entre otras, las siguientes características: solidario, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de todos; ecológico, que respete el medio ambiente, mejore el uso de los recursos y regenere los recursos renovables; humanizador, que mejore la calidad de la vida humana; y responsable, de tal manera que el consumo de algunos no ponga en peligro el bienestar de otros. La austeridad debe ser entendida como una actitud sobria que evite el despilfarro y el agotamiento de los recursos, pero que permita un consumo ágil que mueva la economía.
Metas del milenio. Asumir con seriedad en cada uno de nuestros países las metas, aprobadas en la Cumbre del Milenio por Jefes de Estado y de Gobierno en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York en el año 2000: erradicar la pobreza extrema; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH-SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; crear una asociación mundial para el desarrollo con objetivos en materia de asistencia, comercio y alivio de la deuda. Nuestra participación es fundamental en el logro de estos “objetivos de desarrollo del milenio”, contribuyendo con nuestra acción directa desde nuestras respectivas organizaciones y exigiendo su cumplimiento por parte de nuestros gobiernos.

Quito, Ecuador, Septiembre 17 de 2004.

[1] Juan Pablo II, Ecclesia in America, 20.

[2] Al respecto leer la Declaración del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, “Tratados de Libre Comercio: hacia una integración justa y para todos”, Sao Paulo, Agosto 13 de 2004.

[3] Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis-SRS, 38.

[4] Juan Pablo II, Encuentro con el Cuerpo Diplomático, No. 6, México, 1999.

[5] Juan Pablo II, Laborem exercens no. 3.

[6] Cfr. Declaración del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, “Tratados de Libre Comercio: hacia una integración justa y para todos”, No. 18, Sao Paulo, Agosto 13 de 2004

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Última actualización de esta página: 07/01/05.